Actualmente, observamos cómo numerosos medios de comunicación hablan sobre las sanciones impuestas, principalmente, por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) a empresas y particulares por la retirada o vertido de materiales con amianto sin la autorización previa necesaria para ello.
Desde la prohibición de la fabricación de objetos con este material en 2002, parecía que el problema del amianto se había resuelto. Sin embargo, hoy en día podemos encontrar este material en numerosas edificaciones e instalaciones. Para poder retirarlo, la empresa en cuestión debe estar inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), por ejemplo. Aun así, las sanciones por no tratar con este material de forma adecuada siguen sucediéndose.
Dichas sanciones están estipuladas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. En él que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Según dicho real decreto, se recogen tres tipos de acciones por retirar uralita sin autorización:
Todas las cuantías económicas que se pueden llegar a aplicar por la retirada de amianto sin autorización van desde los 30.000€ hasta los 600.000€.
Las sanciones y acciones por retirar dicho material sin autorización recaen sobre la empresa o los responsables de los trabajadores que entren en contacto inadecuado con la uralita. Es decir, la empresa encargada de la ejecución de la obra debido a que es considerada como responsable directa de la seguridad de sus trabajadores.
Asimismo, ha habido casos en los que los propios ayuntamientos o técnicos municipales han sido acusados, también, por parte de la fiscalía. Incluso se ha visto cómo, gracias a las denuncias de los sindicatos, las fuerzas de seguridad han paralizado obras en las que se estaba exponiendo a los trabajadores a un gran riesgo por el contacto directo y sin protección con el amianto.
Por tanto, antes de llevar a cabo la retirada de amianto sin autorización, debemos tener en cuentas las consecuencias legales que acarrea, así como el daño a la salud humana y al medioambiente.